Desde 2006 han aumentado 40% los feminicidios en México, según reporte*

El reporte, presentado por la Asociación por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el diálogo parlamentario y la Equidad, a la Comision de Derechos Humanos de la Camara de Diputados, destaca que la política de seguridad, lejos de dar resultados optimistas respecto al crimen organizado, ha dejado una estela de violaciones de los derechos humanos y una legitimación del uso de la violencia como forma prioritaria para resolver los graves problemas que enfrenta el país.

Otro hallazgo planteado en el documento fue que en los territorios militarizados se presentó un aumento de feminicidios, además de incrementarse los casos de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses militares, los cuales "quedan impunes y por el fuero militar que poseen".

Marusia López Cruz, representante de JASS y exponente del informe, explicó que Jody William y Rigoberta Menchú decidieron hacer una gira por México, a fin de conocer la situación de desigualdad de género y de violaciones derechos humanos existente en nuestro país.

Sostuvo que el informe afirma que la incidencia de feminicidios, violencia sexual, violación y desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de las mujeres y los defensores de los derechos humanos, han alcanzado "dimensiones de crisis".


Subraya que la erradicación de la violencia generalizada contra la mujer es una prioridad fundamental no sólo por razones humanitarias, sino porque representa una violación grave de los derechos humanos, ya que demuestra el incumplimiento de los gobiernos con respecto a dos obligaciones fundamentales: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y eliminar la discriminación.

Otro factor que el reporte puntualiza es que en México aún existen regiones donde hay restricción a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Marusia López informó que el país recibió 176 observaciones de 24 países en materia de violencia de género y contra defensores de derechos humanos y periodistas.

A su vez, Dafne Cuevas, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, pidió a los legisladores ser el órgano fiscalizador y contrapeso del poder Ejecutivo, para que se pondere la protección los derechos humanos, así como elaborar acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores de derechos humanos y periodistas.

Para ello, añadió, es necesario garantizar que las organizaciones que trabajan para proteger y defender a los activistas de paz, democracia y derechos humanos tengan una presupuesto adecuado para llevar a cabo su trabajo.

Remarcó que el informe realizado por las mujeres Premio Nobel invita a los legisladores a generar programas que pongan a los derechos humanos en el centro de la seguridad y el desarrollo.

Finalmente, María Luisa Aguilar Rodríguez, representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan AC, expuso que Guerrero es uno de los estados con más índice de agresiones y asesinatos de los defensores de los derechos humanos, quienes frecuentemente son objeto de detenciones ilegales, persecuciones, malos tratos, campañas de difamación, intimidaciones contra ellos y sus familias, destrucción y allanamiento de morada.

La diputada priista Miriam Cárdenas Cantú mencionó que para avanzar en la protección de garantías es necesaria la cooperación de la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno. Afirmó que el informe que entregaron estas organizaciones permitirá generar acciones que transformen las labores de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

El diputado Roberto López Suárez del PRD dijo que la comisión debe trabajar en conjunto con las sociedades civiles, a fin de documentar la violación de los derechos humanos a los defensores, periodistas y los luchadores sociales.

Señaló que la comisión buscará una reunión de trabajo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Comisionado de Seguridad Pública Nacional, con el propósito de que informen de cada uno de los casos registrados sobre violaciones a los derechos humanos de los defensores, periodistas y los activistas sociales.

La diputada perredista Margarita Elena Tapia Fonllem indicó que se deben buscar mecanismos que aminoren estos atropellos. Destacó que las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y unir esfuerzos de sociedades civiles y órdenes de gobierno para resolver lo que ha planteado.

Por su parte, el diputado Vicario Portillo Martínez (PRD) aseguró que se debe trabajar en acciones que combatan la discriminación y la violación de derechos hacia mujeres, en especial en las zonas rurales, donde este fenómeno es más notable.

*Nota publicada originalmente en El Occidental [Noviembre 3, 2013]

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